Fiscalía pone fecha a las imputaciones de Ricardo Roa y Juliana Guerrero

La Fiscalía General de la Nación ya fijó las fechas para las audiencias de imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y la exfuncionaria Juliana Guerrero, en dos procesos distintos que avanzan por presuntas irregularidades de alto impacto.

En el caso de Roa, la audiencia fue programada para el 27 de febrero, cuando será imputado por el delito de tráfico de influencias. El ente acusador investiga si el directivo habría usado su cercanía con círculos de poder para obtener beneficios indebidos en la compra de un lujoso apartamento en Bogotá, una operación que generó alertas por la forma y el momento en que se realizó.

Según la investigación, el inmueble —ubicado en el apartamento 901— pertenecía a una empresa vinculada al empresario petrolero Serafino Iacono, pero los pagos se habrían hecho a través de una compañía del coronel retirado Juan Guillermo Mancera. Para la Fiscalía, no se trataría de una coincidencia: meses después de concretarse la compra, Mancera habría recibido contratos en Ecopetrol, ya bajo la presidencia de Roa.

El ente investigador también puso la lupa sobre un nuevo vínculo que se habría activado en marzo de 2024, cuando una empresa relacionada con Iacono recibió derechos de exploración en el bloque Sinú 9, durante la administración de Roa, lo que refuerza la hipótesis de una cadena de favores cruzados.

Frente al anuncio, la defensa del presidente de Ecopetrol aseguró que aún no ha sido notificada formalmente y sostuvo que Roa no está obligado a renunciar, al reiterar que la presunción de inocencia sigue vigente.

Por otro lado, la Fiscalía fijó para el 11 de marzo la imputación de cargos contra Juliana Guerrero, quien enfrentará acusaciones por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El proceso está relacionado con la obtención irregular de títulos académicos en la Fundación Universitaria San José, utilizados para acreditar experiencia en su paso por el Gobierno como viceministra de Juventudes.

De acuerdo con la investigación, Guerrero habría obtenido los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable sin cumplir requisitos básicos como la asistencia a clases ni la presentación de las pruebas Saber Pro. Además, los pagos por matrículas y derechos de grado —por cerca de 8 millones de pesos— se habrían realizado después de que los títulos ya habían sido expedidos, lo que apunta a una presunta regularización ficticia.

La propia universidad retiró los títulos en noviembre de 2025 y se declaró víctima en el proceso. Esta semana, la Fundación San José informó que entregó a la Fiscalía los resultados preliminares de una auditoría interna, con la que busca esclarecer las irregularidades detectadas y establecer responsabilidades.

Ambos casos siguen en etapa de imputación, sin que hasta ahora exista una decisión de fondo.