Exgobernador de Antioquia también será imputado por presuntas irregularidades en contratación de Hidroituango

El material de prueba obtenido por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justica da cuenta de que el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, estaría involucrado en las presuntas irregularidades detectadas en el direccionamiento del contrato para la construcción de la hidroeléctrica de Ituango.

El entonces mandatario, al parecer, actuó en contravía de los intereses del departamento y cambió su posición respecto al proceso de adjudicación del proyecto. En ese sentido, habría permitido que se pasara de una invitación internacional a una selección directa, con el propósito de favorecer a las Empresas Públicas de Medellín (EPM).

En la investigación se conoció que Ramos Botero conoció y avaló cuatro acuerdos, en los que los accionistas nombraron un nuevo gerente de Hidroituango SA ESP y la junta directiva modificó el Manual de Contratación para permitir que uno de los socios, entiéndase EPM, fuera designado como contratista.

Adicionalmente, se conoció que el exgobernador realizó varias visitas a la Presidencia de la Republica y a la Consejería de las Regiones, en mayo y junio de 2010, para recibir apoyo a la modalidad de contratación directa que fue escogida.

De esta manera, el 30 de marzo de 2011, Hidroituango S.A. suscribió con EPM el contrato BOOMT (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer) para la ejecución del proyecto energético más importante del país. Con esto se habrían desconocido los principios de buena fe contractual, planeación, transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Luis Alfredo Ramos Botero el delito de interés indebido en la celebración de contratos. El cargo no fue aceptado por el procesado.

Cabe recordar que hace pocos días el exalcalde de Medellín, Fabio Alonso Salazar Jaramillo y el exgerente general de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Federico José Restrepo Posada, también fueron imputados por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, como presuntos responsables del delito de interés indebido en la celebración de contratos.