“Es la oposición multándonos”: la respuesta de Petro al fallo del CNE

El debate político en Colombia volvió a encenderse tras la sanción impuesta a la campaña presidencial de 2022 de Gustavo Petro por presuntas irregularidades en los gastos electorales. La decisión, que señala un exceso en los topes y la supuesta omisión de reportes financieros por más de seis mil millones de pesos, desató una dura reacción del jefe de Estado.

Desde sus redes sociales, el mandatario rechazó cualquier señalamiento relacionado con dineros ilícitos y lanzó un mensaje directo a quienes impulsaron la investigación. “No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña”, aseguró, agregando además: “Tres años de investigación de la oposición mayoritaria en el CNE y no encontraron un peso. La doble moral de la oposición”.

En su pronunciamiento, el presidente también cuestionó a quienes, según él, manejan las decisiones dentro del organismo electoral, advirtiendo que se trata de un proceso con tinte político. Incluso fue más allá al referirse al conjuez que participó en la sanción, al señalar que está relacionado con “personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez”.

El cruce de acusaciones también incluyó al actual alcalde de Medellín, a quien el mandatario vinculó directamente con el proceso que terminó en la sanción. En uno de los apartes más fuertes de su publicación, Petro sostuvo: “Controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es el abogado de Fico y ya nos había demandado; pertenece a la cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez: es el que multa a la campaña y lo digo con claridad, lo hizo de manera extemporánea y parcializada“.

Finalmente, el presidente dejó claro que no acatará la decisión adoptada por el organismo electoral. “nosotros no aceptamos esa decisión administrativa. Es la oposición multándonos”, concluyó.

Aunque el mandatario ha enfocado su defensa en descartar cualquier vínculo con dineros del narcotráfico, lo cierto es que el proceso adelantado por la autoridad electoral se centró exclusivamente en la presunta violación de los topes de gastos que rigen las campañas presidenciales en el país.