En un 81,7 % compromiso por elecciones libres en Colombia, según Defensoría y MOE

La Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) presentaron el primer informe de seguimiento al ‘Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia’, una iniciativa orientada a fortalecer la democracia, prevenir la violencia política y garantizar los derechos ciudadanos de cara a las elecciones de 2026.

El informe, que analiza el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 15 de diciembre de 2025, evaluó el comportamiento de 27 precandidaturas presidenciales que se sumaron voluntariamente al compromiso, registrando un nivel de avance del 81,7 %. En el caso de los aspirantes que no suscribieron el acuerdo, se midió su grado de alineación, el cual fue del 56,4 %, con el fin de identificar su aporte al ambiente democrático.

Durante la presentación, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que el seguimiento no se centra en la violencia armada, sino en la calidad del debate electoral, al advertir que el uso de un lenguaje violento ha sido históricamente un factor que antecede a escenarios de violencia física. “Es un llamado preventivo a la responsabilidad en el discurso público”, señaló.

Por bloques, el mayor avance se registró en institucionalidad democrática, con un 92,6 %, reflejando respeto por la Constitución, la ley y las autoridades electorales. Le siguió el eje de protección de la vida y no violencia en la política, con un 82,1 %, aunque persisten retos en la protección de mujeres, personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas y grupos étnicos.

En contraste, el bloque de debate plural y democrático presentó el menor nivel de avance, con apenas un 45,2 %, debido a riesgos asociados a la polarización, la estigmatización y la difusión de información no verificada. Finalmente, el componente de buen futuro para la política alcanzó un 77 %, aunque se evidencian brechas en la inclusión efectiva de juventudes históricamente excluidas y en el respaldo a la protesta pacífica.

El informe concluye que la adopción de compromisos éticos por parte de los actores políticos mejora la calidad del debate público, pero advierte que aún existen desafíos clave para garantizar un proceso electoral verdaderamente plural, incluyente y en paz.