La crisis de la seguridad en el distrito de Santa Marta

Me tropecé con un exiliado –barranquillero- en el aeropuerto de Berlín. Me reconoció porque hacía unos días había participado de un conversatorio donde estuvieron algunas organizaciones de izquierda. Los dos íbamos para Frankfurt. La tormenta de nieve había cerrado las vías para los trenes rápidos y las carreteras y la única opción era tomar un avión. Me habló de Santa Marta y de cómo la ciudad necesita más que populismo: me contó que su familia vivía allí y que normalmente conocía su descontento y el miedo por los problemas de seguridad.   

En efecto la ciudad se desborda cada día en acciones violentas que la tienen sumida en un temor generalizado: le hablé de lo connatural que es el conflicto en ser el humano y de la forma como este puede llegar a constituir fuerzas motrices de cambio; dependiendo de cómo este se resuelva. Inmediatamente preguntó: ¿Cómo lo están resolviendo? Y mi respuesta fue: con populismo. 

La primera consideración que hay que tener en la cuenta es la autoridad y de cómo y quién la ejerce. Hay un primer mando distrital (alcaldesa) que no tiene cómo exigir resultados y tiene una secretaría que la asesora, justamente para que no diga o haga nada. Este, es un error enorme porque ese jueguito de “entre bomberos no nos pisamos las mangueras” solo evidencia una total pérdida de autoridad. Santa Marta no ha logrado contener los homicidios, pese que actores que los han propiciado, como alias la Silla, ya no estén en el territorio. En tres meses el balance no es bueno y básicamente sigue con la misma tendencia: en aumento. Cerró este primer trimestre con 29 homicidios y 3 feminicidios, mientras que Riohacha con 18 y Valledupar con 23. Nada diferente de los últimos años.

No es posible que, frente a un hecho puntual, como el feminicidio en Gaira, unas personas que representan “la autoridad” vayan a la casa de la víctima a decirle: nosotros sabemos que usted es hermana de tal persona, dígale a su hermano que no nos desate una ola de homicidios porque la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. ¿Qué es esto? Seguimos a la merced de la voluntad del delincuente que, en últimas, todos saben quién es, pero no se atreven a tocar.       

Partamos de la base inicial de la categorización de las distintas formas de violencia (sabiendo que todas ellas traen consigo una consideración negativa). El hurto y el robo: imparables. A dos policías les quitaron los fusiles en Gaira –este es un hecho sin precedentes- que pasó desapercibido. Pero son dos fusiles que están en manos de la criminalidad y esto merece, por lo menos una respuesta contundente por parte del Director General de la Policía. Los delincuentes se atreven incluso a robarle las armas de dotación a la policía. Respuesta que también debió haberse dado por la pérdida de las 243 armas del armerío de la Policía; respuesta que debió darse por el incendio en el Rodadero (al frente de Gaira) donde se quemaron unas armas. Investigaciones que nadie conoce, nadie exige explicación y nadie puede hacerle seguimiento porque cuando se hace este tipo de preguntas se activan los ataques rastreros.

Robaron una sucursal bancaría, asesinaron a una persona dentro de un hotel y un migrante grabó el homicidio de su connacional. Pero, no pasa nada porque todo está bien, pese al descontento de los ciudadanos y el miedo que produce recorrer las calles samarias. Todos los días hay una acción violenta que nos recuerda que estamos a merced de la criminalidad.

La extorsión sigue cabalgando. ¿Se le hizo seguimiento a la denuncia de los más de 200 panfletos que enviaron, de manera personalizada, las ACSN? Se puso una unidad en el mercado público de Santa Marta, seguramente con pocos resultados porque se hace para persuadir al delincuente, que espera unos días y que después sigue cobrando y los comerciantes pagando.

Santa Marta está en manos de la criminalidad y eso no es un secreto. Que lo intenten ocultar a como dé lugar, eso sí es cierto. Tenemos unas ACSN., que controlan el área rural –nada menos que cerca del 80% del distrito de Santa Marta, que tienen una línea de mando unificada y que están posicionadas básicamente sobre el territorio que ocupó Giraldo por más de 40 años de paramilitarismo sostenido; incluso con su misma estrategia de comandancia barrial (responsabilidad por zona, reporte de extorsión, sicariato y comunicación). Tenemos un Clan del Golfo que su principal fuente de ingreso es el narcotráfico y cuyo papel determinador está en fortificar todas las salidas de droga por vía marítima; tenemos la incidencia de algunas bandas venezolanas que han venido surcando espacios y que, debido al fenómeno de trata de personas, han caído en actividades delictivas de gran envergadura: caso Yeico Masacre; los Melean y posiblemente: los Zamuros.

Se dice que algo está en crisis cuando los elementos que la componen funcionan tan mal que apenas son capaces de moverse por sí mismos y esto es aprovechado por el delincuente que mide siempre el factor riesgo y oportunidad para la comisión de cualquier delito. Se valora, positivamente, que la policía en algunos casos capture, luego de perseguir al delincuente y esto está bien, pero no existe una reacción previa que hubiera salvado esa vida. Si el delincuente está siempre un paso o dos pasos delante de las autoridades la respuesta siempre será tardía y si a esto le sumamos la incapacidad tecnológica (cámaras de seguridad y sala SIES) y la carencia de estudios de caracterización de los delitos, vamos a estar siempre a la merced del delincuente y de la improvisación frente a un tema que merece, por lo menos, estrategias claras y contundentes.

Sobre la seguridad en Santa Marta va cada quien por su lado. Las tres fuerzas ni siquiera se comparten información ni hay trabajos conjuntos eficientes, esto hace que la Fiscalía reciba informes, reportes y pruebas que en muchos casos no dan ni para una imputación, lo que favorece al delincuente que al otro día está en la calle; asimismo, la falta de ética de muchos abogados especialistas en Habeas Corpus o en dilatar para vencer términos y finalmente una consejería de seguridad y convivencia que se convirtió en un mecanismo de acompañamiento y defensa de la policía a la cual no se le exige nada y todo lo que pida –económicamente- se le da.

Finalmente, si ponemos dos fotos 2006 y 2021, nos encontramos con una recomposición del territorio en la que las autoridades administrativas no hicieron nada. Y si revisamos las actuaciones de esa franja de 15 años nos encontramos con lo mismo de lo mismo: Un POTP –Plan de Ordenamiento Paramilitar- ajustado; acuerdos tácitos para bajar la criminalidad (homicidios); un puerto que ha sido objeto de disputas con asesinatos; el control de varias rutas por el narcotráfico y el incremento del microtráfico y la extorsión en todas sus modalidades. En resumen: los criminales siguen siendo los mismos y la estrategia de control y financiamiento, la misma; incluso sus amistades con cierta parte de la clase política del departamento.