Condenan a siete implicados en red que explotaba a niños indígenas para la mendicidad en Medellín

La Fiscalía General de la Nación logró la condena de siete personas que integraban un articulado esquema criminal de mendicidad y comercio ilegal, el cual afectaba de manera directa a los menores de edad pertenecientes a los resguardos Emberá Katío asentados temporalmente en la ciudad.

Los hoy sentenciados, quienes optaron por aceptar los cargos imputados tras la contundencia del material probatorio, fueron identificados formalmente como Ana Lucía López Sánchez y los ciudadanos extranjeros Ángela del Valle Valera Graterol, Milagros del Valle Sira Espinoza, Nahomi Karlais López Goyo, Yajaira Alejandra Hernández Correa, Yosmairi Coromoto Barrios y Wilfreddy Johan Godoy Villamizar.

De acuerdo con el expediente unificado de la policía judicial, la red concentraba sus operaciones delictivas en las zonas hoteleras, gastronómicas y bancarias de la comuna de El Poblado. Este sector fue seleccionado estratégicamente por la estructura debido al alto flujo constante de turistas nacionales y extranjeros, un público objetivo de alta capacidad adquisitiva y sensibilidad social.

La investigación criminal logró documentar de manera cronológica un total de 10 hechos delictivos concretos ejecutados entre los años 2024 y 2025.

 Las mujeres del grupo delictivo recorrían las avenidas de la comuna portando pancartas con mensajes de extrema necesidad o cargando a bebés indígenas en brazos para generar impacto emocional inmediato entre los transeúntes.

 Y siguiendo instrucciones de los jefes de la red, los delincuentes no solicitaban dinero en efectivo de manera directa, sino que inducían a los ciudadanos a comprarles pañales desechables, fórmulas lácteas y productos de primera necesidad en supermercados del sector.

Una vez obtenidos los insumos, los menores debían entregarlos a la organización. La investigación determinó que Ana Lucía López, propietaria de un establecimiento comercial local, adquiría en bloque los productos donados para incorporarlos ilegalmente a su inventario y revenderlos al público. En tanto, Wilfreddy Johan Godoy se encargaba de la logística de transporte y distribución de los artículos recopilados.

Ante la solidez de los seguimientos y testimonios recopilados, una juez penal con funciones de conocimiento de Medellín avaló el preacuerdo alcanzado entre los abogados defensores y el ente acusador.

Los procesados recibieron sentencias condenatorias de hasta 39 meses de prisión efectiva por su responsabilidad penal en calidad de coautores en los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores de edad. Adicionalmente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mantiene un esquema especial de verificación para garantizar el restablecimiento integral de los derechos de los niños nativos que fueron rescatados de esta red de mendicidad.