Defensoría desarrolla escuela en DD.HH para líderes comunitarios en Santa Marta
En alianza entre la Defensoría del Pueblo y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), se desarrolló en Santa Marta la Escuela de Formación en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y de la Naturaleza del Magdalena. La iniciativa se llevó a cabo en tres jornadas realizadas los sábados 6, 20 y 27 de septiembre de 2025, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
El proceso formativo contó con la participación de 32 personas, entre los 15 y los 69 años de edad, provenientes de zonas rurales y urbanas de Santa Marta, así como de los municipios de Ciénaga, Pueblo Viejo, Fundación, Aracataca, Algarrobo y Ariguaní.
Las y los participantes integran diversos procesos sociales, comunitarios y organizativos que promueven y defienden los derechos humanos desde distintas perspectivas, incluyendo organizaciones de mujeres, víctimas, campesinos y campesinas, jóvenes y personas con discapacidad. Entre las organizaciones participantes se encuentran ACEU, JAC, APOPESCA, Famirrepaz, la Asociación Afrodescendiente Campesina y Víctimas Real Ariguaní, la Red de Mujeres Jóvenes Constructoras de Paz, la Asociación Tierra Esperanza y la Asociación Biohuellas Makondo, entre otras.
Contenidos y metodología
El objetivo central de la Escuela fue fortalecer capacidades y promover nuevos aprendizajes relacionados con los derechos humanos. Durante la primera sesión se abordó la evolución histórica de los derechos humanos y los fundamentos de los derechos económicos, sociales y culturales.
La segunda jornada estuvo orientada al análisis del contexto territorial, identificando vulneraciones de derechos económicos, sociales y culturales en Santa Marta y el Magdalena. Asimismo, se presentaron los mecanismos de exigibilidad política y jurídica disponibles para las comunidades.
En la tercera y última sesión se profundizó en la justiciabilidad de los derechos, con énfasis en el uso de la acción de tutela como herramienta clave para la defensa ciudadana ante vulneraciones de derechos previamente identificadas en el análisis de contexto territorial.
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