Así avanza el caso de Fajid: imputado por tres delitos y citado a audiencia este 16 de julio

El prolongado conflicto entre la Diócesis de Santa Marta y el suspendido sacerdote Hernando ‘Fajid’ Álvarez Yacub sigue escalando en el terreno penal. La institución religiosa, a través de su apoderado, el abogado Diego Duque, confirmó que Fajid fue formalmente imputado por tres delitos: administración desleal, falsedad en documento privado y destrucción u ocultamiento de documento privado. Los hechos tienen origen en la negativa del presbítero a acatar una orden de traslado emitida por el obispo José Mario Bacci Trespalacios a finales de 2023.

“El obispo le dijo: ‘Mire, yo lo voy a cambiar, ya tomé la determinación, eso se va a hacer’. Él, saliendo de esa reunión, hace dos cosas: primero, llega a la fundación y despide a todos los empleados, diciendo o pretextando que a él lo han reemplazado y que, por tal razón, la fundación tiene que cerrar sus actividades. Los despidió a todos sin fundamento”, relató Duque a Seguimiento.co.

En efecto, Álvarez Yacub se desempeñaba como representante legal de la Fundación Juan Pablo II, una persona jurídica creada por la Diócesis exclusivamente para administrar el Parque Cementerio San Miguel.

Tras su remoción, lejos de ceder el cargo, Fajid constituyó una nueva sociedad —Cementerio San Miguel S.A.S.— con idéntico objeto social, y se autodesignó como su administrador.

“El señor Fajid, que ya no es cura, crea una sociedad de su propiedad, copia el objeto social de la fundación, y con eso se queda administrando el parque cementerio. Claramente es un comportamiento orientado a defraudar la sociedad que estaba encargando y la propiedad que no le es propia”, explicó Duque a este medio.

La tesis de defensa de Fajid ha sido que el cementerio no pertenece a la Diócesis, sino a los particulares que han adquirido lotes. Sin embargo, el apoderado de la Iglesia sostiene que esa interpretación carece de asidero jurídico: “Para que uno pueda decir que hay una venta de una propiedad, tiene que correrse una escritura pública y registrarse en instrumentos públicos. Lo que venden los cementerios es el uso temporal o permanente de un pedazo para el sepulcro, pero no se está vendiendo la propiedad”.

Además de retener la administración del cementerio, el abogado denuncia que Fajid continúa explotando económicamente el lugar y ejerciendo funciones eclesiásticas pese a su suspensión. “Él cobra por misas, por inhumaciones, por exhumaciones, por certificaciones, por todos los procedimientos. Y está ganándose una plata allá. Pero peor aún, sigue haciendo misas, sigue imponiendo sacramentos, sigue desarrollando actividades cuando ya, por parte de la Iglesia, fue suspendido”, añadió.

La gravedad de la situación llevó a la Fiscalía a imputar los mencionados delitos, el pasado 16 de junio. “Se le imputó, o sea, se le vinculó formalmente a un proceso penal y va a tener que ir a juicio a responder ante un juez por tres delitos. Administración desleal porque claramente administró en detrimento de los intereses de la sociedad; le robó los bienes, se los quedó y nunca rindió cuentas. Falsedad, porque argumentó como fundamento para echar a toda la gente que le habían dicho que se iba a cerrar la fundación, lo cual no era cierto. Y destrucción u ocultamiento de documento, porque tiene retenidos todos los archivos de la fundación, y no se sabe cuáles son las cuentas”, precisó el jurista.

Actualmente, la Iglesia ha solicitado una medida de protección ante el juez de control de garantías, que podría implicar el desalojo inmediato del sacerdote del predio. “La propiedad del Cementerio San Miguel es de la Diócesis, está fuera de discusión, y no tiene control ni conocimiento de lo que está pasando allí. Él, de manera violenta, ha impedido todas las veces que la Diócesis ha intentado acercarse, que ellos ingresen. Estamos esperando que el juez tome la decisión”, indicó.

Además de lo penal, el caso ha derivado en afectaciones a la gestión pastoral de la Iglesia Católica. “La Diócesis necesita poder ejercer su actividad. Tiene un compromiso con la comunidad. Hoy hay osamentas y cuerpos que fueron removidos por este señor y la Diócesis no sabe por qué, para qué, con qué objeto. Le están preguntando por los restos de sus familiares y no tiene ninguna información”, denunció Duque.

Al ser consultado sobre la posibilidad de una reparación económica, el abogado fue enfático: “En la órbita penal lo primero que se discute es la responsabilidad penal. El proceso no está orientado a buscar una indemnización. La Diócesis lo que necesita es recuperar su propiedad y ejercer su actividad pastoral. Allá no es un sitio para hacer plata, es un camposanto”.

El proceso penal continúa su curso. La próxima etapa será la audiencia de acusación, seguida de la preparatoria y, posteriormente, el juicio oral. “Cuando la Fiscalía llega a una imputación es porque tiene serios fundamentos para creer que va a ganar el juicio. La Fiscalía no va a un juicio que no cree que va a ganar. Y en lo que a mí respecta, hay suficiente evidencia para demostrar que los delitos por los cuales fue imputado este señor se cometieron, son de su responsabilidad y debe ser condenado”, sostuvo con firmeza.

El abogado también subrayó la necesidad de una acción inmediata para evitar que el proceso judicial se prolongue indefinidamente. “Esperamos que la medida de protección permita que la Diócesis no tenga que esperar hasta que el proceso termine en dos o tres años, sino que pueda recuperar el camposanto y volver a ejercer sus actividades mientras el juicio sigue”.

Finalmente, Duque reiteró su confianza en el trabajo del ente investigador y en el éxito de la acción penal. “Tenemos toda la convicción y la expectativa, no solamente la esperanza, sino la convicción forjada a partir de toda la evidencia que se ha recaudado, de que vamos a ir a juicio y ese señor va a ser condenado por la comisión de las conductas punibles por las cuales ya fue llamado a juicio”.