Show de ‘El Mono’ en el Concejo termina en la Procuraduría: esto es lo que viene

Luego del ‘bochornoso’ altercado protagonizado por el concejal Miguel ‘El Mono’ Martínez durante la sesión ordinaria del Concejo Distrital de Santa Marta este miércoles 23 de abril, la Mesa Directiva de la corporación anunció que enviará copia del acta de lo ocurrido a la Procuraduría General de la Nación, así como a la Comisión de Ética y Disciplina del partido Alianza Democrática Amplia (ADA), colectividad a la que pertenece el cabildante.

Mediante un comunicado, el Concejo indicó que la medida fue adoptada tras la reiterada interrupción por parte de Martínez del debate de control político, en el que estaban citados el secretario de Hacienda, Gonzalo Gutiérrez, y el gerente de Infraestructura, Luis Felipe Gutiérrez, para rendir cuentas sobre el proyecto de alcantarillado en el barrio Portal de Las Avenidas.

El presidente de la corporación, Pedro Gómez Áñez, aseguró que se agotaron todos los recursos contemplados en el reglamento interno antes de ordenar el retiro del concejal del recinto. No obstante, Martínez se negó a abandonar voluntariamente, por lo que, con apoyo de la Policía Metropolitana, fue retirado de manera forzada, hecho que quedó registrado en varios videos que circularon en redes sociales. La sesión fue reanudada posteriormente.

Frente a esta situación, el abogado Aníbal Palma, en diálogo con Seguimiento.co, consideró que podría haberse producido una extralimitación en el uso de la fuerza por parte de los uniformados.

“No hubo un intervalo entre la persuasión y el uso de la fuerza, lo que pudo haber afectado gravemente al concejal”, sostuvo.

Palma advierte que esta actuación podría acarrear consecuencias disciplinarias para los policías involucrados. “Aunque materializaron una orden, lo hicieron extralimitando sus funciones”, aseguró.

El jurista también explicó que, de comprobarse un exceso en el procedimiento, Martínez podría interponer una acción de reparación directa contra la Policía, alegando afectaciones a su integridad física, dignidad y honra.

Asimismo, señaló que el cabildante podría tomar acciones contra el mismo Concejo. “Si él determina que esa actuación administrativa carece de motivación, muy posiblemente va a atacar disciplinariamente al Concejo, alegando que se emitió un acto administrativo sin fundamentos de ley. En ese caso, tendría que responder Pedro Gómez como presidente o quien haya firmado la resolución”.

Sobre el eventual proceso en la Procuraduría, Palma precisó que dicha entidad, una vez reciba la documentación, podrá optar por abrir una investigación disciplinaria contra Martínez si encuentra méritos, o archivar el caso.

En caso de abrirse el proceso, las sanciones podrían ir desde un llamado de atención o una amonestación escrita, hasta una suspensión de entre tres y seis meses, dependiendo de la gravedad de la falta que se determine.

“El concejal también tiene derecho al debido proceso y a defenderse, sobre todo si considera que se le vulneraron derechos fundamentales en el marco de su función como miembro de la corporación”, concluyó el abogado.