Por prácticas para evitar portabilidad, SIC abre investigación contra Movistar y Claro
La Superintendencia de Industria y Comercio ( SIC) abrió investigación contra las empresas Claro y Movistar por violar el derecho a la portabilidad numérica, que en términos sencillos consiste en poner trabas o entorpecer a los usuarios la elección libre de pasarse a otro operador móvil.
La apertura de este proceso tiene a ambas empresas del sector de la telefonía en grave riesgo de incurrir en multa de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1341 de 2009.
La decisión se dio luego de que la SIC recibiera múltiples denuncias por parte de operadores, y hasta de otros competidores.
Según Tigo, esa compañía identificó que “solo en diciembre de 2022, Claro había rechazado 346 intentos de portabilidad que corresponden a 157 clientes de dicha compañía que solicitaron realizar el cambio de 1.521 líneas móviles”.
Este tipo de denuncias arrojó indagaciones preliminares que mostraron que al parecer Claro y Movistar están ejerciendo violaciones al Régimen de Protección a los Usuarios.
Según cifras de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC), en el 2022 pasado se realizaron 8 millones de procesos de portabilidad.
Sin embargo, del total de solicitudes, 4,15 millones fueron rechazadas, cifra que representa más de 50% del total de las peticiones que recibieron luz verde.
La información recopilada por la SIC evidencia presunta activación y cobro a sus usuarios de un producto sin su autorización o aceptación previa.
"Los productos denominados por Movistar como 'Mejor Juntos' y 'Bonos de Fidelización' y por Claro como 'Datos Plus', estarían siendo activados y cobrados por tales operadores, vulnerando con ello el derecho que les asiste de elegir libremente".
La investigación contra estos proveedores de servicios de comunicaciones se inicia a raíz de las diferentes quejas de usuarios y otros proveedores del mercado, quienes han alegado que las solicitudes de portabilidad están siendo rechazadas, razón por la cual se están formulando cuatro cargos en la investigación:
1. Desconocer el derecho que les asiste a los usuarios de recibir información clara, cierta, veraz, oportuna y completa para tomar decisiones respecto del servicio ofrecido o activado.
2. Modificar las condiciones acordadas previamente con los usuarios, imponiéndoles y cobrándoles servicios que presuntamente no fueron aceptados expresamente por estos.
3. Desconocer el derecho que les asiste a los usuarios de recibir copia del contrato de prestación de servicios de comunicaciones ajustado, durante el período de facturación siguiente a aquel en que se efectuó la modificación del plan inicialmente contratado por parte del proveedor.
4. Diseñar e implementar estrategias comerciales y/o promociones y ofertas que tienen como efecto impedir que los usuarios elijan libremente su proveedor de servicios, lo que a la postre generaría una permanencia en el uso del servicio prestado con el operador.
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