“La detención impedirá que siga abusando de la función pública”: Fiscal sobre Caicedo

Desde las 2:00 pm de este miércoles se dio inicio al segundo ciclo de la audiencia contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contratos sin los requisitos legales.

Aunque el gobernador Caicedo y los militantes de su partido, Fuerza Ciudadana, han mencionado que todo se trata de un montaje y que la solicitud de medida de aseguramiento domiciliario es extralimitada, el fiscal Víctor Salcedo defendió la exigencia.

Según explicó el fiscal, la medida de aseguramiento es la única que garantizará, mientras se desarrolla la investigación para el juicio, salvaguardar los recursos de los magdalenenses puesto que si Carlos Caicedo sigue en sus funciones, seguirá oficiando como ordenador del gasto público.

Para la Fiscalía General de la Nación esto representa un riesgo, puesto que actualmente el mandatario tiene 32 actuaciones penales activas, de las cuales al menos 21, corresponderían a hechos de presunta corrupción pública.

Por otra parte, el fiscal encargado expuso que el mandatario ha utilizado su papel como gobernante para utilizar los canales institucionales de la Gobernación, así como los funcionarios, para desconocer la actuación de la justicia y desvirtuar el trabajo investigativo de la Fiscalía.

En este sentido, solo a través de la detención preventiva en el domicilio y, por ende, la separación temporal del cargo, es la forma en que se puede garantizar que se sigan cometiendo irregularidades en la administración de los recursos, y que se pueda continuar con plenitud la investigación de los delitos imputados.

"La detención preventiva en el domicilio cumple a cabalidad con la restricción, es decir, que continúe con una actividad presuntamente delictiva. La privación de la libertad impedirá que continúe realizando acciones como la que se le reprochan, y evitar así que pueda continuar abusando de la función pública", expuso el fiscal.

Asimismo, aseguró que los delitos de los que se imputan tiene una incidencia directa sobre el equilibrio social, puesto que afectan las finanzas públicas, a través del detrimento y la no entrega de obras que son pensadas para el disfrute para la comunidad.