Aprovechando la visita del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, a la ciudad de Santa Marta, este emprendió un viaje para hacer una verificación personal del avance de obra de la Vía de la Prosperidad. 

Tras su visita, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, al cierre de la función preventiva, dio traslado para que se investigue la posible comisión de faltas disciplinarias en relación con la ejecución del contrato de la vía de la Prosperidad. 

En desarrollo de la función preventiva, la Procuraduría General de la Nación pudo evidenciar que actualmente el proyecto de la Vía a la Prosperidad, luego de 35 meses de haberse iniciado su fase constructiva, reporta un avance del 38% habiéndose desembolsado recursos equivalentes al 52% del presupuesto asignado, incluyendo un pago anticipado por más de sesenta y cuatro mil millones de pesos ($64.801.526.813,55), equivalente al 15% del valor total del contrato.

Llama la atención de la Procuraduría que aunque el contrato nro. 617 de 2013 celebrado entre la Gobernación del Magdalena y el Consorcio Ribera Este, con el objeto de realizar la construcción de vía que conecte a los municipios de Palermo, Sitionuevo, Remolino y Guaimaro, termina el próximo 7 de noviembre, a la fecha la administración del departamento del Magdalena no ha tomado las acciones contractuales correctivas y efectivas para llevar a feliz término la ejecución de la obra.

Para la Procuraduría General de la Nación no ha sido posible constatar que la Gobernación del Magdalena haya atendido con diligencia las numerosas observaciones hechas durante la ejecución del contrato por parte del Instituto Nacional de Vías y el Departamento Nacional de Planeación, vinculados a la ejecución de la obra por el compromiso de recursos de la Nación, mediante el Convenio de Cooperación nro. 649 de 2013 suscrito con la Gobernación.

De igual forma, se encontró una aparente falta de diligencia respecto de la solicitud del 09 de diciembre de 2016, hecha por el interventor de la obra (Consorcio ICI) en la cual solicita imponer multa al contratista (Consorcio Ribera Este) por el probable “incumplimiento del programa de inversiones del Contrato de obra nro. 617 de 2013 de la Gobernación del Magdalena”.

De llegarse a constituir una investigación disciplinaria, esta sería la segunda vez en que la Gobernación del Magdalena tendría que rendir explicaciones y enfrentarse a una sanción disciplinaria. 

El primer lío disciplinario lo vivió el exgobernador Luis Miguel Cotes, quien resultó absuelto de la responsabilidad por las presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de este contrato. Sin embargo, ahora será la gobernadora Rosa Cotes quien se ve expuesta a explicar por qué no se le ha apretado las tuercas a este contratista, pese a que la obra no se refleja en los recursos que han recibido para terminarla.