A prisión registrador municipal implicado en expedición ilegal de documentos para tráfico de migrantes
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del registrador municipal de Silos (Norte de Santander), Fredy Alberto Ramírez Rodríguez, como presunto responsable de emitir documentos de identificación de manera irregular para favorecer a una red criminal que estaría vinculada a la venta de niños y al tráfico de migrantes.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó al exfuncionario los delitos de: concierto para delinquir agravado; tráfico de niños, niñas y adolescentes; tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público y cohecho propio.
Los cargos no fueron aceptados por el procesado, quien deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
El material de prueba da cuenta de que Ramírez Rodríguez, al parecer, expidió ilegalmente un registro civil a un niño venezolano. En el documento habría señalado que el menor de edad era nacido en Colombia, hijo de madre ecuatoriana y padre colombiano, dos personas que serían integrantes de la estructura ilegal dedicada a la compra de niños en zona de frontera.
Los hechos ilícitos ocurrieron entre enero y febrero de 2020. Con ese registro civil, el niño salió del país y fue llevado a Ecuador. Desde entonces se desconoce su paradero. La mujer extrajera y su cómplice, al igual que otra persona de nacionalidad venezolana fueron judicializados por la Fiscalía en mayo de este año por varios eventos similares.
De otra parte, el registrador de Silos (Norte de Santander) también estaría involucrado en la expedición de documentos de identidad a dos ciudadanos de República Dominicana, a quienes ceduló como colombianos. Los dos hombres, supuestamente, se trasladaron al Eje Cafetero y tramitaron pasaportes; sin embargo, ante la oportuna alerta de la Fiscalía, la Cancillería no se los entregó y las autoridades migratorias los expulsaron del país el 26 de abril de 2020.
Fredy Alberto Ramírez Rodríguez fue retirado del cargo y suspendido entre abril y mayo de este año. Su captura se produjo en diligencia realizada por personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia y el Gaula Militar en el Zulia (Norte de Santander).
En el procedimiento fueron incautados varios elementos y documentos que serán de importancia para el avance del proceso.
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