Eletricaribe le dio traslado a administración anterior informe de Contraloría sobre daño patrimonial

A través de un comunicado de prensa, la empresa Electricaribe informó que le dio traslado a la anterior administración de la empresa de los hallazgos hechos por la  Contraloria en la indagación preliminar en la que revisaron  56 millones de facturas y de las que cuantificó en $216.894 millones de pesos el daño patrimonial al hacer uso indebido de recursos para subsidiar a los usuarios con menores ingresos de la región.

En la comunicación explican que desde la intervención de la empresa por parte de la Superservicios "se iniciaron los ajustes a los sistemas que aplican los subsidios FOES para los usuarios de las zonas especiales basados en la metodología indicada por la Contraloría General de la República y el Tribunal Administrativo de la Guajira. El costo de la inversión para ajustar los sistemas que aplican los subsidios FOES (Fondo de Energía Social) fue de 242 millones de pesos y comenzaron a aplicarse a los usuarios a partir del 1° de septiembre de 2017".

Y añaden: "ahora nos encontramos en la etapa de los ajustes a los sistemas para hacer la devolución de lo dejado de asignar a los usuarios durante la intervención que corresponde a una cifra cercana a los $20 mil millones de pesos. Para ello se acordó con la Contraloría General de la República un plan de acción que concluiría a más tardar en el mes de junio de 2018".

Según precisan la aplicación de esta metodología permitirá que los usuarios reciban una disminución en su factura de hasta 8.000 mil pesos mensuales por cliente los cuales se aplican en los meses que se reciben los recursos por parte del Ministerio de Minas y Energía.  

La Superintendencia de Servicios tomó de posesión de los bienes, haberes y negocios de la sociedad Electrificadora del Caribe (Electricaribe) S.A. E.S.P., el 15 de noviembre de 2016, pero en marzo de este  año se ordenó su liquidación.

Desde julio de este año, la SuperServicios informó que una investigación adelantada daba cuenta de la presunta desviación de los subsidios provenientes del Foes, que podrían haberse producido desde 2012.