Presentan demanda de pérdida de investidura contra la diputada Margarita Guerra

La diputada María Margarita Guerra Zúñiga, fue demandada ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena por presuntas violaciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. La acción fue interpuesta por Juan Morales Acuña, quien solicita su pérdida de investidura.

Según el documento, Guerra Zúñiga, elegida para el periodo constitucional 2024-2027 por el extinto partido Fuerza Ciudadana, habría incurrido en dos causales que afectarían su permanencia en el cargo.

La primera está relacionada con la celebración de un contrato con la Gobernación del Magdalena dentro del período prohibido por la ley.

En la demanda se señala que “La ciudadana MARIA MARGARITA GUERRA ZUÑIGA, celebro contrato de prestación de servicios profesionales No. 0975 fechado del 30 de agosto hasta 31 diciembre 2022 con la Entidad Territorial Gobernación del Magdalena”.

El demandante argumenta que esta contratación vulnera el numeral 5 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, que establece que no podrá ser elegido como diputado “quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros”. Morales Acuña sostiene que, dado que las elecciones se llevaron a cabo el 29 de octubre de 2023, la diputada se encontraba inhabilitada para aspirar al cargo.

La segunda causal en la que, según la demanda, incurrió Guerra Zúñiga está relacionada con el ejercicio de funciones en la administración pública, lo cual está prohibido para los diputados.

En el documento se afirma que la demandada “aceptó y ejerció el cargo de Secretaria General de la Asamblea Departamental del Magdalena en las sesiones extraordinarias del 5 y 15 de marzo de 2024, así como en la sesión virtual del 16 de agosto del mismo año”.

El demandante señala que dicha actuación contraviene el artículo 50 de la Ley 2200 de 2022, que establece: “Los diputados no podrán aceptar cargo alguno en la administración pública, y si lo hicieren perderán su investidura”.

En la demanda se adjuntan pruebas documentales, incluidas actas de las sesiones de la Asamblea en las que la diputada habría actuado como secretaria general, firmando documentos y certificaciones propias del cargo.

“El ejercicio de funciones y deberes de secretaria ad hoc por parte de la demandada está evidenciado en las actas de sesión No. 013, 017 y 040, firmadas conjuntamente con la presidenta de la Corporación”, se indica en el escrito.

Morales Acuña argumenta que el hecho de que Guerra Zúñiga haya desempeñado simultáneamente los roles de diputada y secretaria general configura una violación del régimen de incompatibilidades.

“Se encuentra plenamente demostrado que la demandada desempeñó un cargo dentro de la administración pública del orden departamental, lo que configura una causal de pérdida de investidura conforme al artículo 60 de la Ley 2200 de 2022”.

El demandante solicita al tribunal que, tras el debido proceso, se dicte una sentencia declarando la pérdida de investidura de la diputada y se apliquen las medidas correspondientes.

“Como consecuencia de la declaratoria de pérdida de investidura, se ordene cumplir los efectos derivados de la sentencia y los registros correspondientes”, concluye la demanda.

Hasta el momento, Guerra Zúñiga no se ha pronunciado sobre la acción legal en su contra.