‘Desaparecieron’ los votantes y no hubo revocatoria en Remolino, Magdalena

Los procesos de revocatoria de mandato siguen favoreciendo a quienes, precisamente, le pretenden su retiro del cargo por incumplimiento de los compromisos de Gobierno.

Una nueva prueba de ello ocurrió este domingo en el municipio de Remolino, Magdalena.

Según el Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha,“1.645 ciudadanos acudieron a las urnas, cifra inferior al umbral mínimo de 2.033 sufragios requerido para que la revocatoria prosperara”.

El resultado mantiene en el cargo al actual Alcalde José de Jesús Nolasco Hernández, elegido con 2.207 votos  por el Partido Opción Ciudadana.

De acuerdo con la Ley, para que una revocatoria sea válida es necesaria la mitad más uno de los votos y que el número de sufragios obtenidos no sea inferior al 40% de la votación total válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario, explicó Galindo Vácha.

En la elección del Alcalde votaron 5.208 ciudadanos de los 6.693 habilitados, con 5.081 votos válidos, lo que registró una participación del 77.81%.

En esta oportunidad, de los 7.095 ciudadanos habilitados para votar solo el 23,19% del censo electoral ejerció su derecho al voto.

El resultado en la jornada de hoy fue el siguiente: votos por el “sí”, 1.541; por el “no”, 41; nulos, 25; no marcados, 38; total votos, 1.645; umbral, 2033.

Para la jornada, la Registraduría dispuso 12 estaciones de biometría para la identificación de los votantes en todos los puestos de votación, además de 92 jurados de votación.

A ello se suman los costos de los tarjetones, transporte del material electoral y el resto de la logística, lo cual representa una alta inversión del Estado.

En anteriores procesos de revocatoria, los mismos ciudadanos han afirmado que “para elegir el trasteo es hacia las urnas y para revocar es lo contrario, alejar al ciudadano de los puestos de votación para no revocar”. Algo así como que en las revocatorias el trasteo es al revés de las propias elecciones.

Lo cierto es que el Estado sigue apoyando los procesos de participación democrática como los de las revocatorias, pero a un alto costo, porque la participación sigue siendo pírrica.