General habría ordenado movilizar 36 militares y $100 millones para liberar a presunto narcotraficante
El contrato, que comprometía $786.000 millones, fue detectado durante el empalme con el gobierno de Gustavo Petro y quedó bajo revisión.
Entre los casos aparecen cuestionamientos a la UNGRD, Colombia Mayor, la Cancillería, el Fondo para la Igualdad y el manejo de la deuda.
El congresista calificó de “calumniosas y mendaces” las afirmaciones y advirtió que agravan las amenazas contra su vida.
La grabación, que circula en redes sociales, motivó una denuncia ante los entes de control por posibles anomalías en la asignación de medidas de seguridad.
La audiencia se desarrolló bajo reserva para proteger la identidad de las denunciantes.
Entre los detenidos está la mujer que habría citado a la joven embarazada antes de su desaparición; los otros cuatro capturados serían integrantes de la estructura criminal involucrada.
La ministra (e) Cielo Rusinque calificó las acusaciones como de "gravedad extrema" y pidió a la Fiscalía y a la Corte Suprema adelantar una investigación rigurosa, transparente y sin dilaciones.
La decisión se produjo tras identificar irregularidades en la formulación de cargos presentada por la Fiscalía.
Miguel Quintero enfrentará cargos por presuntas irregularidades en millonarios contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
El padre y el hermano del exparamilitar notificaron a la Fiscalía que no asistirán a una nueva declaración y aseguran que no existen garantías de seguridad.
La entidad rechazó la petición de la Procuraduría de aplazar la diligencia.
La decisión se conoció luego de que las autoridades descartaran cualquier agresión contra los menores involucrados en el caso.
El candidato presidencial anunció que acudirá a la Fiscalía para que investigue posibles irregularidades relacionadas con recursos administrados por Saludvida EPS.
La Fiscalía los considera responsables de la vigilancia de la menor el día de la tragedia.
El ente acusador aseguró que la oficina encargada de los diálogos de paz no tiene información actualizada sobre la ubicación del jefe disidente.
La Fiscalía rastrea cámaras y testimonios mientras crecen las sospechas sobre posibles cómplices que estarían ocultando al principal implicado.