Por irregularidades en obras, confirman suspensión a exalcalde de Ibagué

La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de suspensión de 12 meses impuesta al exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez Ramírez (2012 – 2015), por irregularidades en la ejecución de obras de infraestructura para los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales del año 2015.

En fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular estableció que el entonces alcalde no adoptó las medidas administrativas oportunas y eficaces para ejecutar los trabajos, ni impartió las instrucciones pertinentes que permitieran culminar los escenarios, situación que causó un detrimento patrimonial a la ciudad superior a los 45.340 millones de pesos.  

Para el Ministerio Público, Rodríguez Ramírez desconoció el principio de responsabilidad, pues a pesar de tener la dirección y manejo de la actividad desatendió el cumplimiento de los fines de la contratación, que en este caso era el de garantizar que las obras estuvieran culminadas y fueran funcionales para el desarrollo de las distintas pruebas deportivas que estaban programadas.

Agregó que al alcalde le correspondía atender las obligaciones contenidas en 13 convenios interadministrativos firmados, en los que se estipuló que el municipio era el directamente responsable, no solo del manejo de los recursos, sino también de la coordinación y gestión de todo el proceso de ejecución de los proyectos.

El órgano de control señaló que se evidenció “que el investigado no adoptó las medidas pertinentes, eficaces y oportunas tendientes a evitar el incumplimiento de los proyectos y contratos derivados de estos”, a pesar de haber sido advertido en reiteradas oportunidades de las circunstancias que ponían en riesgo la ejecución de las obras por parte de entidades de control, Coldeportes y de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.  

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la conducta cometida por el entonces alcalde como una falta gravísima cometida con culpa grave, la cual se convierte en salarios devengados para la fecha en que ocurrieron los hechos, suma que asciende a un poco más de 130 millones de pesos.