Los créditos de la revictimización

Todo aquel que sea magdalenense y conozca la realidad política de nuestro departamento, sabe que los últimos tres alcaldes de Santa Marta han construido un discurso politiquero a punta del crédito y el autobombo.

No hay inauguración en los que no se repita en el discurso el debido crédito en nombre cronológico a los que ellos llaman los ‘gobernantes del cambio’. ¡todo!, absolutamente todo, lo “inició nuestro alcalde Carlos Caicedo, lo continuó Rafael Martínez y lo sigue consolidando Virna Johnson”.  ¿Sí o no?

Pues respetando esa linealidad de responsabilidades, les traigo hoy un blog en el que les cuento una terrible historia de una niña que cayó en las garras de un animal que -investido con la función pública de ser un vigilante de una IED- le quitó la inocencia a la corta edad de 9 años. Y cómo estos bárbaros alcaldes se la han arreglado, año tras año, periodo tras periodo, para lavarse las manos de la responsabilidad, al punto de que ni un perdón público le han concedido a toda una familia vulnerada.

La historia que jamás debió pasar se presentó 12 de junio de 2013, en la institución educativa Liceo Samario Sede II, que pertenece al Distrito de Santa Marta. Aquel jueves, la víctima de esta historia -a quien no identificamos por respeto a ella y a su familia- cometió el único pecado de entrar al baño de su colegio.

Ese fue el momento que aprovechó Gabriel Morelos González, un depredador sexual que se desempeñaba como vigilante de la institución, ostentando cargo de auxiliar administrativo. Este hombre, aprovechando las ventajas que ofrecía su cargo, llegó hasta el baño, irrumpió en este y abusó sexualmente de la menor. Ese día, en ese preciso instante, aquella niña murió sin morir. Su vida se derrumbó por completo.

Desde ese día en que la flor se marchitó han transcurrido ya nueve años: ¡Nueve años! En los que esta niña, ahora de 17 años (aún menor de edad), ha llevado su vida a un abismo, por cuenta de un acto inpensable permitido por el ente público. Nueve años que han transcurrido entre citas psicológicas y psiquiátricas, que sus padres -con los escasos recursos que poseen- han tenido que costear para tratar de hacer que su hija vuelva a vivir. Nueve años en los que esta menor sigue siendo niña, pues su vida quedó atascada en un episodio que no supera y que la ha llevado en varias ocasiones, a pensar en acabar de un tajo.

En todos estos años en los que esta menor abusada ha tratado de sobrellevar una vida apagada por cuenta de un depredador sexual, sus papás se han refugiado en la única esperanza de un abogado que -sin cobrarles un peso- ha recorrido todos los caminos jurídicos para tratar de compensar no solo los gastos incurridos por esta familia, sino que ha intentado lograr una reparación simbólica: que el gobernante de turno -máximo responsable de haber contratado a un animal abusador como vigilante- reconozca públicamente su responsabilidad, como un precedente para que este tipo de actos no se vuelvan a presentar en las aulas de clase de las instituciones públicas de la ciudad.

Y aquí viene lo que más me indigna: pues si bien el acto sexual fue un hecho consumado que no tiene reversa, desde el año 2013 -cuando se dio el abuso- estos alcaldes, que tanto bombo se echan, se las han arreglado para no dar su brazo a torcer, ni cumplir los fallos judiciales para reparar la honra perdida de esta familia víctima de un abuso sexual.

Desde el año 2019, el Juzgado IV Administrativo del Circuito de Santa Marta falló a favor de la menor abusada, y desde el año 2020, en segunda instancia, lo hizo el Tribunal Administrativo del Magdalena; entes judiciales que han pedido ya la reparación de la menor, rampantemente omitida por estos alcaldes que tanto se jactan de respetar los derechos de los menos favorecidos.

De nada ha valido un primer desacato con fecha del 10 de junio de 2021 y otro con fecha del 23 de marzo de 2022, pues en ambas ocasiones, los ejércitos de abogados se las han arreglado con excusas de poco peso para que sea una misma jueza, llamada Aldenis Gómez Robles, la que se encargue de revocar las sanciones que de arresto que le han impuesto a Virna Johnson -alcaldesa de turno- por no reparar a la víctima del abuso sexual.

Las excusas con las que la Alcaldía se ha salido con la suya se escudan en que ellos tienen -ahora sí, pues en años anteriores no lo hicieron- a disposición de la víctima del abuso una psicóloga con chaqueta anaranjada, lista a realizarle una cita virtual por salir del paso, o en su defecto, la disposición de meter a la joven con años de afectación psicológica en el incompetente sistema de atención en salud colombiano.

¿Y la reparación por los años de abandono qué? ¿Y el reconocimiento público de perdón para que actos violentos así no vuelvan a suceder con la permisividad del Gobierno de turno, qué? ¡Estamos hablando del abuso sexual contra una menor de 9 años en un colegio público, por Dios!

Este sí que es un caso en el que los alcaldes que tanto bombo se dan, deberían aprovechar, hacer un en vivo, montar tarima y lanzar fuegos artificiales, pues gracias a la omisión del alcalde Carlos, cuando ocurrieron los hechos; Rafael Martínez, cuando los demandaron; y Virna Johnson, que ha incumplido varios desacatos, una niña se ha hecho mujer recluida en centros de reposo, muerta en vida por culpa de un depredador sexual.

¡Abusadores!, unos por acción y otros por omisión.

P.D. Hice este blog después de hablar con el abogado que representa a la familia y tras leer casi un centenar de folios de este proceso judicial que no irá para ningún lado hasta que algún responsable del Gobierno de turno se sincere, agache la cabeza y reconozca el error en nombre del estamento público.

Publico la foto del daño que se ha autoinfligido la menor (con autorización de los papás) para evidenciar las secuelas que ha dejado la afectación psicológica por el hecho de abuso ocurrido años atrás. Daños que con un perdón y con el cumplimiento de los fallos judiciales, los políticos de turno pueden ayudar a reparar.