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23 de May de 2019

La migración venezolana y su relevancia de cara a las próximas elecciones

En estas líneas explicaré por qué los próximos alcaldes y gobernadores deben formular proyectos y políticas públicas en favor de la población migrante, con qué recursos financiarlas y que podemos hacer en medio de la crisis para generar desarrollo en  las comunidades.

Se acercan las elecciones para elegir a los próximos mandatarios municipales y departamentales en Colombia y hasta ahora, los que se han lanzado al ruedo se les ha visto “preocupados”, como es de costumbre para estos tiempos, por la solución a las mismas problemáticas de hace cuatro, ocho, doce y hasta muchos años más. Lo que la mayoría de ellos (para no decir todos) han ignorado, porque seguramente no les da votos o no tienen idea que les compete, es la forma en que abordarán el fenómeno migratorio venezolano desde una perspectiva de política pública local.

Si bien es cierto que, territorios como Santa Marta y el departamento del Magdalena tienen problemáticas prioritarias como la inseguridad, la óptima prestación de servicios como el agua, alcantarillado, salud, educación, etc. Hay que empezar a considerar seriamente el agravante que ya está ocasionando la migración venezolana sobre esas mismas problemáticas y formular proyectos y políticas públicas orientadas a la mitigación de los efectos de esta inesperada crisis.

¿Por qué formular proyectos y políticas públicas para los migrantes?

Por un lado, porque es en el orden departamental y municipal donde se tiene el gran reto de abordar la inmigración, toda vez que son los gobernadores y alcaldes quienes terminan asumiendo los efectos directos de la misma en términos financieros y de capacidades.

Por otra parte, la inmigración de venezolanos es irreversible en Colombia y llegó para quedarse no sabemos hasta cuándo. Debido a la gran cantidad de personas que ya ingresó al país, el Estado colombiano ha implementado una política migratoria de “puertas abiertas” y dejó de mirar la migración como una crisis humanitaria para asumirla como un reto al desarrollo en la próxima década. Tanto así, que Colombia adoptó en diciembre pasado el Pacto Mundial de Marrakech para la Migración Segura, Ordenada y Regular; creó la Gerencia de Frontera colombo venezolana; ha creado Mesas Regionales de Gestión Migratoria y ha implementado acciones de ayuda humanitaria y regularización de la población migrante. Asimismo, la migración desde Venezuela estará incluida en el Plan Nacional de Desarrollo y se harán modificaciones en la ley migratoria y la ley de frontera según informó Felipe Muñoz, gerente de frontera colombo venezolana. También, el gobierno actual ha elaborado el documento CONPES 3950 de 2018, que establece los lineamientos para atender la migración venezolana en aspectos de salud, educación, primera infancia, empleo, entre otros.

¿Con qué recursos?

Con impuestos y recursos de cooperación internacional. De acuerdo con Andrés Pardo, Viceministro de Hacienda, se requieren aproximadamente 4 billones de pesos anuales para atender la inmigración venezolana en Colombia. Pardo sostuvo que en términos presupuestales es más conveniente regularizar a los migrantes porque por ejemplo, mientras que un afiliado al sistema subsidiado de salud le cuesta $830.000 al estado colombiano cada año sin importar el número de veces que sea atendido, cada atención a un ciudadano venezolano irregular cuesta $1’000.000. También, afirmó que aunque la migración presente grandes retos en materia fiscal a corto plazo, esta puede ser beneficiosa al largo plazo si se le da una buena gestión. Esta es la conclusión del informe del Banco Mundial “Migración desde Venezuela a Colombia: Impactos y Estrategia de Respuesta en el Corto y Mediano Plazo”.

El Viceministro comentó también que, el estado colombiano se encuentra participando en espacios globales de diálogo para gestionar asistencia técnica y donaciones de la cooperación internacional para responder a este gran nuevo reto regional. En ese mismo orden, a nivel internacional, el gobierno colombiano a través de la cancillería ha abonado el terreno para que desde la comunidad internacional se apoye la consolidación de una plataforma financiera y se fortalezca la capacidad presupuestal en América Latina, teniendo en cuenta que ningún país por sí solo es capaz de darle manejo a un asunto tan complejo como la migración. Además, Colombia forma parte del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) que lidera la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para trabajar sobre un plan estratégico de respuesta a los refugiados y migrantes de Venezuela en América Latina.

Deportación y cierre de frontera

Estoy seguro que muchos lectores, por cualquiera que sea el  motivo, aclaman al menos una o estas dos medidas. Pero, como ya se dijo, este fenómeno migratorio nos tomó por sorpresa y el sistema jurídico colombiano tiene vacíos que impiden a las autoridades llevar a cabo un debido proceso de captura y judicialización a los migrantes venezolanos que cometen algún tipo de delito, esto explica el por qué muchas veces quedan en libertad. Sin embargo, hay que destacar que Migración Colombia ha implementado la deportación e impedido el paso en aquellos casos que ponen en riesgo la seguridad nacional, como por ejemplo, con familiares o personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro.

Con relación al cierre de frontera, se necesita estar en los zapatos de otros para entender que cualquier persona se hace imparable cuando es perseguida por lo que el profesor Jairo Agudelo denomina “la bomba H”: el hambre. Nadie emigra porque quiere ser una carga o problema para otro país. Ya se demostró que para esta bomba H no hay puentes, ríos, contenedores o desmanes que impidan a las personas cruzar por cualquiera de los 2.219 km de frontera que Colombia y Venezuela comparten para buscar mejores condiciones de subsistencia.

¿Qué podemos hacer?

Lo mejor que podemos hacer ante la magnitud de esta emergencia es cooperar. A nivel global, la comunidad internacional tiene claro que ningún Estado es capaz por sí solo de gestionar fenómenos tan complejos como los flujos migratorios. Por lo tanto, bajo el principio de corresponsabilidad, es decir, lo que afecte a uno es un problema de todos, los países adoptan la cooperación internacional como un instrumento de las relaciones internacionales para tratar de darle solución a todas aquellas problemáticas que van más allá de las fronteras y ponen en riesgo la paz y la seguridad internacionales.

Aplicando esto al tema que nos ocupa, la migración desde Venezuela es una problemática que ya trascendió las líneas limítrofes hacia varios países, trayendo consigo repercusiones en varios ámbitos, pero los principales y por los cuales cooperan los países, el político y económico. Sin embargo, no profundizaré en el análisis de estos dos temas y me limitaré a explicar cómo la cooperación internacional ayuda a mitigar las causas, pero principalmente en esta coyuntura, las consecuencias de la migración sobre los países receptores de venezolanos.

La cooperación internacional es ofrecida por actores donantes ya sean países, organismos multilaterales, empresas, organizaciones filantrópicas o humanitarias, la iglesia, entre otros. Puede ser en forma de ayuda humanitaria, transferencia de conocimiento basado en experiencias exitosas y ayuda económica. Todo proceso migratorio tiene sus particularidades, pero en términos generales podría decirse que el siguiente es el orden de intervención de la cooperación en contextos como el que estamos viviendo:

Primero, se brinda la asistencia humanitaria, luego se da una transición a la integración social de la población inmigrante con el acompañamiento de expertos en atención diferencial para este tipo de población y, posteriormente, se financian o se implementan proyectos orientados a contrarrestar los efectos que genera la llegada de inmigrantes a las comunidades receptoras. De hecho, esas acciones podrían darse de manera transversal hasta lograr una integración digna al país receptor o un retorno voluntario al país de origen.

¿Qué se puede hacer desde los territorios?

Si se tiene en cuenta las medidas ya adoptadas por el Estado colombiano y las gestiones que se adelantan a nivel internacional, la sociedad civil organizada en los departamentos, ciudades y municipios debería estar trabajando en la formulación de proyectos orientados a buscar soluciones para las problemáticas que genera la inmigración, toda vez que los proyectos son el principal instrumento para jalonar recursos tanto nacionales como internacionales.  Estos proyectos pueden ser iniciativas que contribuyan a la solución de problemáticas de saneamiento básico o pueden ser emprendimientos sociales como una implementación ajustada del modelo (original) de microcréditos, que hizo merecedor del Premio Nobel de Paz a Muhammad Yunus al implementarlo y mejorar las condiciones de vida de miles de mujeres desfavorecidas en Bangladesh.

Quiero resaltar que, en el marco de la actual coyuntura migratoria, la cooperación internacional da prioridad a aquellos proyectos que benefician directamente no solo a población migrante, sino también a colombianos retornados desde Venezuela y comunidad receptora, es decir, que  aquellos ciudadanos colombianos que convivan con migrantes o retornados podrían ser beneficiados de alguna forma con la implementación estos proyectos.

Por último, es recomendable que se tenga un enfoque diferencial en poblaciones vulnerables como mujeres y grupos indígenas inmigrantes al momento de la implementación de las políticas y proyectos. Todas estas acciones pueden ser lideradas conjuntamente tanto por entidades públicas y privadas locales, Instituciones de Educación Superior, fundaciones empresariales, agentes de cooperación internacional, pero principalmente, la sociedad civil organizada está llamada a la acción por la migración.

 

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