General Huertas y funcionario del DNI, suspendidos por presunta relación con disidencias

La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de dos funcionarios de alto nivel tras abrir una investigación por presuntos nexos con estructuras armadas ilegales. La medida cobija al general Miguel Huertas y al director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía.

Según el ente de control, la decisión busca evitar cualquier posible interferencia en la recolección de pruebas mientras avanza el proceso disciplinario. Las indagaciones apuntan a que ambos habrían entregado información reservada sobre operaciones militares a las disidencias que lidera alias Calarcá.

Los hechos bajo la lupa estarían relacionados con movimientos de tropas y planes operativos ejecutados en zonas de alta conflictividad como Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar. La filtración de esos datos, de comprobarse, habría favorecido directamente a estructuras armadas ilegales.

Además, la investigación también evalúa si los dos suspendidos habrían asesorado o respaldado la creación de empresas de seguridad privada que, en realidad, funcionarían como fachada para legalizar armas y preparar un eventual escenario ante una posible ruptura de los diálogos de paz.

En medio de la tormenta, Mejía anunció que dejará su asiento en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, cargo al que llegó como representante del presidente Gustavo Petro desde marzo de 2024, una designación que desde el principio estuvo rodeada de cuestionamientos por incompatibilidades.

En el caso del general Huertas, se conoció que había salido del Ejército en 2022 por orden del entonces comandante Enrique Zapateiro, pero fue reincorporado posteriormente en el actual gobierno para ocupar un puesto estratégico en la estructura de personal, desde donde se toman decisiones clave sobre ascensos, traslados y nombramientos.

Frente al escándalo, el oficial ha defendido su inocencia, asegurando que los documentos que lo vinculan con hechos irregulares no han sido validados por ninguna autoridad y que se trataría de información manipulada para afectar su buen nombre.

El caso sigue en etapa de recolección de pruebas y podría derivar en sanciones disciplinarias de gran impacto si se confirman las denuncias.