Gobernador electo propone 10 iniciativas para disminuir índices de criminalidad en el Magdalena

Luego de su participación en el Consejo de Seguridad realizado este miércoles en Santa Marta con la presencia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo y altos mandos de la Policía y el Ejército, el gobernador electo del Magdalena, Carlos Caicedo, anunció 10 iniciativas para tratar de disminuir los índices de criminalidad en el departamento.

“Hemos propuesto al Gobierno Nacional reactivar la operación Troya Tayrona, basada en una estrategia de inteligencia, investigación y judicialización, articulada con fiscales y jueces designados para ese propósito; la propusimos cuando fui alcalde y fue acogida por el Gobierno Nacional. Dicha operación produjo resultados positivos para desmantelar grupos narco paramilitares. Es necesario trabajar en equipo para desarticular las estructuras armadas ilegales que operan en la Sierra Nevada y garantizar el derecho a la vida y la seguridad”, indicó el gobernador entrante.

El próximo mandatario del Magdalena agregó: “Solicitamos reagrupar el Batallón de Alta Montaña a la zona de Sierra Nevada y especialmente hacia la zona de la Troncal del Caribe. Se definió respaldar la estación de Policía para Zona Bananera, y así contrarrestar a los grupos que buscan usar el cultivo de banano como plataforma de exportación de narcóticos”.

El gobernador señaló que impulsarán el Sistema Integrado de Monitoreo en las 5 subregiones con cámaras y drones.

“Vamos a incrementar la capacidad de reacción de la fuerza pública con estrategias flexibles. También solicitaremos a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que pueda reforzar y ampliar su mandato de observación en el Magdalena”, añadió.

Caicedo propuso además que se adelanten campañas por la defensa de la vida de los líderes y lideresas sociales, ambientales, de derechos humanos, reclamantes de tierra, para convertirlas en acciones  de prevención y protección de los actores sociales, de las víctimas y la consolidación de la Paz; para ello se pedirá el acompañamiento de la Justicia Especial de Paz (JEP). 

Otras de las propuestas del nuevo gobernante son: insistir al Gobierno Nacional una experiencia piloto en el Magdalena, para implementar el Acuerdo de Escazú, en la toma de medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, que desarrollan sus actividades en las subregiones del Magdalena.

Cuatro mesas de trabajo sobre: primero, Convivencia Ciudadana; segundo, Seguridad Urbana; tercero, Presencia y Características de los Grupos ilegales en el Territorio; y cuarto,  Interoperabilidad, instancias de coordinación inter agencial y acciones, proyectos conjuntos para las víctimas y la consolidación de la Paz.

Una mesa nacional de seguimiento y coordinación para la protección del territorio tradicional y ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra, conforme el decreto 1500 de 2018, que aborda temas de seguridad, Paz y convivencia, ordenamiento territorial y ambiental, reparación de víctimas, restitución de tierras, cumplimiento al plan de salvaguarda étnica y patrimonio cultural, entre otros.

Participación de las agencias públicas, los tres niveles del gobierno, las Naciones Unidas, cooperación internacional, academia, sector productivo, ONGs, pueblos indígenas y organizaciones sociales.

Finalmente, propuso un Plan Departamental Integral de Seguridad y Convivencia, desde un enfoque de seguridad humana, para que se amplíen las oportunidades de cara al territorio, sus poblaciones, especialmente a los jóvenes, a fin de superar los niveles de pobreza, como condición fundamental para reducirle espacio al narcotráfico y la ilegalidad e incrementar la inclusión y oportunidades.