Polémica en IED Madre Laura: profesor fue suspendido por supuesto vínculo con alumna

El Despacho del Personero Distrital de Santa Marta confirmó, en grado de consulta, la suspensión provisional por el término de tres (3) meses, sin derecho a remuneración, impuesta a un docente adscrito a la Institución Educativa Distrital Madre Laura, mediante providencia del 8 de abril de 2026.

La decisión se adoptó tras verificar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, necesarios para mantener la medida cautelar dentro del proceso disciplinario que se adelanta contra el servidor público.

Cabe recordar que, en primera instancia, la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa y Asuntos Disciplinarios había ordenado la suspensión provisional del docente investigado. Posteriormente, al surtirse el grado de consulta ante el Despacho del Personero Distrital, se concluyó que la permanencia del investigado en el ejercicio de sus funciones podría representar riesgos para el adecuado desarrollo de la investigación.

La medida tiene carácter preventivo y busca garantizar la transparencia del proceso y la protección de la estudiante menor de edad.

La actuación disciplinaria se origina en hechos que son materia de investigación, según los cuales el docente, en su condición de profesor del área de Química, presuntamente habría incurrido en conductas contrarias a los deberes funcionales del cargo, al sostener interacciones de carácter íntimo, personal y ajenas al ámbito pedagógico con una estudiante menor de edad, sobre quien ejercía autoridad académica y jerárquica.

De acuerdo con los elementos de juicio recaudados hasta esta etapa procesal, el investigado habría utilizado canales de comunicación privada para sostener conversaciones que evidenciaría cercanía afectiva, contenido inapropiado y un trato incompatible con los fines del servicio público educativo.

De confirmarse, estos hechos podrían constituir un grave quebrantamiento de los deberes de respeto, cuidado y protección que el ordenamiento jurídico impone a los docentes frente a niños, niñas y adolescentes, quienes gozan de especial protección constitucional.

Esta agencia del Ministerio Público advierte que la presunta conducta reviste mayor gravedad al presentarse en un contexto de asimetría de poder, en el cual el docente ejerce funciones de orientación, evaluación y control académico, configurando una relación de confianza que no puede ser utilizada para fines personales o afectivos.