Nombramientos, decretos y una nueva ley: lo último que dejó Petro en el Gobierno

En sus últimos días en la Casa de Nariño, el gobierno de Gustavo Petro dejó en marcha una serie de decisiones que incluyeron la sanción de una ley sobre alimentación universitaria, nombramientos en notarías y entidades del Estado, medidas ambientales y cambios en materia laboral.

Una de las últimas actuaciones de Petro fue la sanción de la Ley 2618 de 2026, con la que se creó el Programa de Alimentación Universitaria para estudiantes de pregrado de instituciones públicas. La norma establece la entrega de al menos una comida diaria o un bono alimentario y prioriza a estudiantes en condición de discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, víctimas del conflicto, habitantes de zonas rurales y jóvenes de los estratos 1, 2 y 3.

También quedaron varios nombramientos realizados en la recta final del mandato. Entre ellos figuran designaciones de notarios, como la de Inti Asprilla en la Notaría Segunda de Soacha, la exrepresentante liberal Karyme Cotes en la Notaría Sexta de Medellín y Óscar Alarcón Cuéllar en la Notaría 23 de Cali.

A esto se suma el nombramiento de Simón Gómez, economista y director del Centro Vida, como experto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). Su periodo será de cuatro años, por lo que permanecerá en el organismo durante buena parte del nuevo gobierno.

En materia ambiental, el Ministerio de Ambiente dejó firmada la Resolución 0961 del 4 de agosto de 2026, mediante la cual declaró el bioma amazónico como reserva definitiva de recursos naturales renovables. La decisión excluye esa zona de nuevas concesiones y autorizaciones para actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos.

El paquete de decisiones también incluyó la salida de ocho integrantes de la mesa de diálogo con las disidencias conocidas como Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio. A través de una resolución, el Gobierno les retiró su condición de representantes al considerar que no existía una voluntad real para avanzar en el proceso de paz.

Por su parte, el Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 0992 del 4 de agosto, que estableció nuevos requisitos para el registro de pactos colectivos entre empresas y trabajadores no sindicalizados, con el objetivo de reforzar los controles sobre este tipo de acuerdos.

Estas medidas se sumaron a los movimientos administrativos de última hora que marcaron el cierre del gobierno Petro y dejaron decisiones con efectos que continuarán durante la administración de Abelardo de la Espriella.