JEP expulsa al general (r) Mauricio Santoyo por no aportar verdad en casos de desaparición forzada

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió expulsar al general en retiro Mauricio Santoyo al concluir que no entregó aportes suficientes a la verdad ni contribuyó a la reparación de las víctimas, lo que, según el tribunal, hace inviable su permanencia en el sistema de justicia transicional.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas también ordenó retirarle todos los beneficios otorgados, entre ellos el cumplimiento de la medida de privación de la libertad en una unidad policial.

Santoyo, quien es investigado por concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, no reconoció responsabilidad ni entregó información relevante que permitiera avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Tras evaluar sus informes y comparecencias, los magistrados determinaron que el oficial retirado incumplió el régimen de condicionalidad, al no aportar elementos nuevos que garantizaran el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad. La decisión señala que sus intervenciones fueron insuficientes, imprecisas y carentes de información verificable.

La JEP indicó además que, pese a los reiterados requerimientos, la actitud del compareciente fue negacionista y reticente. Recordó que quienes buscan mantenerse en esta jurisdicción deben contribuir de manera efectiva al esclarecimiento de los hechos, más allá de lo ya establecido en la justicia ordinaria.

En particular, el tribunal esperaba que Santoyo entregara información sobre su actuación como comandante del GAULA de Medellín y sobre la estructura y funcionamiento de grupos criminales. Sin embargo, no suministró datos concretos, incluso en relación con conductas por las que ya había sido condenado por autoridades de Estados Unidos.

La decisión también menciona el caso de la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Ángel José Quintero y Claudia Patricia Monsalve, ocurrida en Medellín en el año 2000. Según la JEP, el exoficial no brindó información que contribuyera al esclarecimiento de estos hechos ni a la búsqueda de las víctimas.