Consultas populares no podrán frenar proyectos mineros en el país

La Corte Constitucional resolvió un recurso de tutela a favor de la multinacional Mansarovar Energy y estableció que las consultas populares no podrán frenar los proyectos extractivos de minería e hidrocarburos en el país. 

La decisión se basa en el hecho de que las iniciativas ciudadanas no pueden desconocer la propiedad del Estado sobre los recursos del subsuelo, la cual trasciende a intereses locales o regionales, pues incluye la competencia en el aprovechamiento de esos recursos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En su ponencia, la magistrada de la Corte Cristina Pardo Schlesinger señaló que en el país no hay mecanismos ciudadanos para oponerse a los mencionados proyectos, lo que califica como un “déficit de protección constitucionalmente inadmisible”.

Además, indicó que en estos casos las partes deben llegar a acuerdos y le solicita al Congreso de la República que reglamente el mecanismo en un plazo de dos años.

Este fallo dejó sin piso los resultados de la consulta popular realizada en junio de 2017 en Cumaral, Meta, en la que el 97 por ciento de sus habitantes (7.703 votos) se opusieron al desarrollo de un proyecto de exploración de hidrocarburos que realizaría la compañía Mansarovar Energy.

Esta empresa interpuso una acción de tutela contra los resultados de dicha consulta que había impulsado la Alcaldía de Cumaral y avalado posteriormente el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta. En este proceso obtuvo una respuesta favorable en la revisión que hizo la Corte Constitucional con una votación de cinco contra uno. Antes fue negada en dos instancias en el Consejo de Estado.
Mansarovar Energy solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso ya que contaba con un contrato de exploración sísmica suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, dijo que “la sentencia de la Corte Constitucional es una señal importante para la seguridad jurídica del sector y para fortalecer el diálogo y la participación ciudadana”. 

Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Santiago Ángel, expresó que la decisión “no sólo da vía a varios proyectos mineros que se habrían visto truncados por ese mecanismo, sino que empieza a dar señales positivas en materia de seguridad jurídica”.

Agregó que hasta octubre se habían contabilizado unas 158 iniciativas de consultas y acuerdos municipales en 135 municipios, de las cuales se realizaron nueve.

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad ‘De Justicia’ señaló que es legal y constitucional que los municipios convoquen a consultas populares sobre minería e hidrocarburos (Artículo 33 de la Ley 136 de 1994).