Colombia pierde 65.000 uniformados en cuatro años: debilitamiento crítico de la seguridad

El panorama de seguridad en Colombia enfrenta uno de sus desafíos más complejos, no solo por la ofensiva de grupos armados, sino por una crisis interna de capacidades. 

Un contundente informe de la Procuraduría General de la Nación, conocido recientemente, ha encendido las alarmas al revelar que el país registra una caída estrepitosa en su pie de fuerza.

De acuerdo con el documento, entre 2021 y la proyección para 2025, Colombia habría perdido un total de 65.000 uniformados entre Fuerzas Militares y Policía Nacional. El descenso más drástico se observa en el Ejército Nacional, la institución que lleva el mayor peso del combate en las zonas rurales.

Esta reducción no es solo numérica; especialistas como Javier Flores, de la Fundación Ideas para la Paz, califican la situación como un “debilitamiento crítico”. Según el experto, la combinación de una alta rotación de personal y la disminución del presupuesto real de inversión ha dejado al Estado en una posición de vulnerabilidad frente al conflicto: “tenemos unas fuerzas militares que no están para abordar el fenómeno crítico en materia de seguridad”, advirtió.

A pesar de que el presidente Gustavo Petro ha defendido su gestión calificándola como un “fortalecimiento histórico” y argumentando que el presupuesto de 60 billones en 2025 es el más alto de la década, las cifras de inversión cuentan una historia distinta. Sectores expertos denuncian que, lejos de fortalecerse, el sector defensa enfrenta un recorte de inversión real del 31,6% para el próximo año.

La crisis no es solo de personal, sino de herramientas. Mientras el mandatario afirma que su prioridad es la dignidad del soldado, la realidad operativa muestra un abandono técnico sin precedentes: la administración actual es la que menos equipos ha adquirido, con apenas 3 unidades aéreas, frente a las 252, 135 y 25 de los tres gobiernos anteriores. 

El caso más crítico es el de la flota de helicópteros Mi-17, vitales para el transporte de tropas y suministros, los cuales se encuentran mayoritariamente en tierra por falta de mantenimiento y planeación.

Esta falta de mantenimiento y el desinterés por la capacidad aérea del Estado no solo han debilitado el control territorial frente a las disidencias de las Farc y el ELN, sino que, según denuncian críticos del gobierno, ponen en riesgo directo la vida de quienes nos protegen y la soberanía nacional.