Sobre la medida del parrillero hombre en Santa Marta. Una aproximación en contexto

El estadunidense Gary Stanley Becker, desarrolla una postura crítica dentro de la teoría económica del crimen y la argumenta con que existe un equilibrio en la transgresión, que es producido por interacción entre delincuentes y autoridad, en términos (de la aplicación de ley), que produce un tipo de sanción criminal, que favorece la conducta punitiva. Básicamente la criminalidad también la describe el mismo autor Becker (1968) como una actividad racional sujeta a un factor de aversión al riesgo: los delincuentes son agentes que valoran los beneficios y costos a la hora de cometer un delito.

El decreto 273 del 14 de noviembre de 2013, sancionado por el alcalde de ese momento Carlos Caicedo, obedeció a una ola de criminalidad que azotaba a la ciudad, de hecho la gota que rebozó el vaso fue el acto sicarial donde murió una menor de 7 años y el padre quedó gravemente herido. El objeto de este artículo es debatir sobre dos hipótesis que permitan analizar la medida desde una óptica más académica y menos populista; más cercana a los estudios sobre criminalidad y crimen organizado y comportamientos delictuales.

Santa Marta fue una ciudad gobernada y cooptada por el paramilitarismo. Todavía hay rezagos de eso y mecanismos de vinculación muy fuerte asociados a una familia específicamente. Digamos que no es correcto decir que esta medida es funcional y que es un éxito y que puede replicarse en otras ciudades sin conocer las particularidades de cada región y sin que exista un estudio de fondo que lo pueda sostener. Las cifras por sí solas solo sirven para los incautos y para épocas electorales.

 (ver ficha)

Esta ficha, cuya fuente es la Secretaría de Convivencia y Seguridad de la alcaldía de Santa Marta –entidad rectora-, muestra el incremento de homicidios en 2012 y en 2013. Y es desde aquí que se genera la primera hipótesis: ¿tiene el Estado y la alcaldía un mecanismo para frenar las pugnas de territorio por parte de los nuevos Grupos Armados Organizados? La ficha dice que en el 2012 hubo 123 actos de sicariato, sin contar con los fallidos (los que no murieron) frente a 223 homicidios, según datos del Observatorio del delito de la Policía Nacional y esto se da con un hecho puntual: guerra entre la Oficina Caribe y el Clan del Golfo. En efecto esos 123 homicidios fueron sicariato y solo 15 se dieron en la ciudad. El resto fue en las zonas periféricas y rurales donde no aplica la medida o al menos donde nadie la cumple: San Jorge, Ondas del Caribe, Timayui, 11 de noviembre, 17 de diciembre, Calabazo, Minca; entre otros.

Se hicieron esfuerzos, pero no se pararon los homicidios porque lo que había era una pugna por el territorio que no se iba a detener hasta que uno doblegara al otro. Como lo terminó haciendo la Oficina Caribe, tiempo después. Ahora miremos 2013: el mismo escenario de 2012, pero con la creación de la Policía Metropolitana. 190 homicidios de los cuales 127, en efecto fueron bajo la modalidad que venimos revisando y se dieron en: la zona rural, Don Jaca, San Jorge, Timayui; entre otros. 26 de esos fueron en la ciudad. Con la Policía Metropolitana en funcionamiento. Entonces empecemos a generar deducciones: tautología básica. Si el decreto funciona para impedir los sicariatos ¿por qué no se ha evaluado la medida en las zonas rurales y periféricas? Complementaré con otro dato que la ficha no pone, año 2017: 96 homicidios, 33 sicariato, 10 más que la cifra de 2016. De esos 33 solo 3 fueron en la ciudad, el resto, en zonas rurales y periféricas. Zonas donde no se cumple la medida.

La cifra señala un dato importante: a partir de noviembre de 2013 los homicidios vienen en caída y es lo que Ariel Ávila ha sostenido todo el tiempo, cuando hace análisis delictual de algunos casos colombianos: ¿funcionaron las medidas de las autoridades? No. Ganó la pugna un grupo y eso estabilizó el territorio. Y esta hipótesis no se puede perder de vista, al menos para el caso del distrito de Santa Marta y su vínculo directo con el paramilitarismo y la columna vertical que ejerce la Oficina Caribe. En Santa Marta se fundaron dos estructuras nuevas, de manera autónoma, el bloque Nevado y el bloque Cacique Arhuaco, ¿mutaron? Sí: a estructuras que fueron cooptadas por la Oficina Caribe. Esta caída en los homicidios, para cuando el decreto entra en operación coincide con la victoria militar de la Oficina Caribe sobre el Clan del Golfo. De ahí en adelante son los dueños del territorio. ¿Entonces, quién paró los muertos? Esperemos ahora, que la disputa se ha vuelto a reactivar, si la medida va a contrarrestar los efectos o no. Pero igual sí es valioso conocer las herramientas metodológicas por parte de la alcaldía que fundamentan su postulado como exitoso. A no ser que sean, como el anuncio de que Garagoa, era uno de los barrios más seguros de Santa Marta.

Ahora bien, no voy a decir que la medida del todo sea mala, ni que es anticonstitucional: no soy abogado y si acaso medio me aproximo a la antropología jurídica para comprender otro tipo de fenómenos también coyunturales como los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Derechos humanos y su aplicación en escenarios reales y sí me gustaría revisar la medida en relación con otro delitos: el robo. Aclaro que las cifras que uso son las oficiales, de la División de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional. No otras. Y aquí el análisis delictual difiere de los conceptos que usamos en Ciencias Sociales. Ellos llaman hurto a personas como categoría macro. Particularmente el concepto tiene dos divisiones: hurto, no violencia, robo, uso de la violencia. Es una manera burda de simplificarlo pero funcional. Desde acá vamos a generar la segunda hipótesis y vamos a utilizar como concepto macro el robo y el pasajero en moto, que es la medida evaluativa.

Año 2012. 967 robos reportados, de los cuales 12 fueron con pasajero de moto. Aquí el delito si está distribuido en la ciudad y la franja horaria que muestra mayor frecuencia es después de las 06:30 de la noche.

Año 2013. 1.154 robos reportados, de los cuales 279, eran pasajeros de moto. Hay un aumento, en medio del conflicto en el que se estaba en ese momento. Quizá las mediciones de estos años no sean tan precisas, pero lo que aquí nos dice es que después que apareció el decreto para mitigar el sicariato, se aumentó el robo de pasajero en moto. Sigamos revisando otros años.

Fuente: Policía Nacional. Datos procesados por Lerber Dimas.

Los números nos dicen algo, pero no nos ofrecen toda la información de contexto necesaria para sostener los datos. Hay que revisar franja horaria, zonas, días de la semana, temporadas. En fin: toda una gama de variables que puedan ser medidas en el tiempo y el espacio. La segunda hipótesis es que tampoco la medida de parrillero hombre esté conteniendo los robos. Entonces creo que vale la pena, al menos, revisarla.

Lo que como ciudadanos tenemos que exigir es la capacidad de respuesta frente a los delitos, eso de: estamos investigando, ya los tenemos ubicados, pronto caerán, es populismo. Necesitamos de un sistema procesal bien consolidado. Los datos de este año, y de los años anteriores, presentan un incremento importante del erario público invertido en mejorar las condiciones de seguridad, en el distrito de Santa Marta. La tasa de homicidios subió y el robo se duplicó y los paracos siguen ahí.

Para terminar y dejar algunas luces propositivas, me gustaría traer al debate o a la lectura, una hipótesis que sostiene Farith Simon Campaña, en un libro que compila la Flacso Ecuador, Nuevas Problemáticas en Seguridad Ciudadana. En su tema central, Proceso Penal e Impunidad, Simon explora las relaciones existentes en administración de justicia y las medidas que un Estado toma para enfrentar la seguridad ciudadana.

Se puede proponer algunas hipótesis sobre la falta de respuesta adecuada a los delitos y el incremento de la desconfianza en la justicia y la sensación de inseguridad. La primera tiene que ver con la inexistencia de una política global de manejo de la conflictividad, en la que el derecho penal debería ser un recurso de última instancia relacionado únicamente a las conductas calificadas como inaceptables. En los últimos años se ha incrementado el “catálogo de delitos” y las penas para enfrentar algunos fenómenos sociales que han generado alarma social, pero esto no significa una respuesta más efectiva por parte del sistema a la inseguridad; además de recordar que una de las características del sistema penal es la selectividad que provoca que sean las personas más pobres y vulnerables las que se encuentran más expuestas a la acción del mismo (Flacsoandes, 2008).

Esto para decir que es inaceptable que los sicariatos ocurridos en Santa Marta, de 50 solo se logre esclarecer 1 y que de alguna manera se sigan metiendo jóvenes a las cárceles por robos y consumo de sustancias no permitidas. Llenar a la ciudad de medidas de fuerza cuando el problema está en los barrios periféricos y se puede solucionar con inversión y con mejorar las condiciones de vida de los jóvenes y de los más necesitados. Con educación, cultura y oportunidades. ¿Necesitamos llenar la ciudad de cámaras de seguridad o de policía o es mejor invertir en trasformación social y equidad? Y que tal vez, quizá, la medida del parrillero hombre no sea tan eficaz como la han planteado. Pero por su puesto es un debate que está abierto y al que hay que evaluar continuamente. De eso se tratan las medidas transitorias. No de imponer medidas de fuerzas amparada en números sin contexto, ni en llenar las calles de policía. En la entrada de Timayui, hay policía las 24 horas. Quítenlos y con seguridad, vuelven los homicidios.