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Friday 19 de May de 2017 - 10:45am

Niños del Amazonas se alimentaron con huevos que valen casi mil pesos

Las presuntas irregularidades son analizadas por la Contraloría.
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Los huevos fueron entregados a los niños en el programa de alimentación escolar.
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La Contraloría General de la República encontró hallazgos fiscales que presuntamente involucran al suspendido Gobernador del Amazonas, Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, a su Secretaria de Educación, Betsy Mireya Londoño, y a la contratista Dora Liliana Cuéllar Cuéllar, por un contrato de alimentación para estudiantes de internados de Leticia y Puerto Nariño donde se detectaron sobrecostos superiores a los $297 millones de pesos, que incluyen el pago de $900 por unidad de huevo de gallina.

También  hubo sobrecostos del 200% en la compra de pasta para sopa (por 500 gramos), que se consigue en $1.460 en el mercado y se pagó a $5.050.

Continúan así las graves irregularidades evidenciadas por la Contraloría General de la República en contratos de alimentación escolar. En esta oportunidad los hallazgos señalados se evidenciaron en Leticia (Amazonas), confirmando que se trata de una problemática que afecta a todo el país.

Gracias a las denuncias ciudadanas recibidas, la Gerencia Departamental de la Contraloría en el Amazonas auditó el Contrato No. 0216 de 2016, suscrito por el suspendido Gobernador del departamento, Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, con la señora Dora Liliana Cuéllar Cuéllar, para el suministro de víveres a los estudiantes internados en las Instituciones Educativas ubicadas en los sectores de los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá.

La Contratista Cuéllar Cuéllar habría sido seleccionada bajo la modalidad de Único Oferente, para un contrato suscrito por un plazo inicial de 6 meses, sujeto al calendario escolar, y por una cuantía de más de $3 mil 340 millones de pesos, de la vigencia fiscal 2016.

El contrato tenía por objeto el “Suministro de víveres para los internados de los sectores ubicados en los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá, a cargo de la Secretaría de Educación Departamental”, instituciones educativas que funcionan bajo la modalidad de internado, por lo que la Contraloría General de la República le dio prioridad a la verificación de la correcta inversión de estos recursos.

Sobrecostos injustificados

La Contraloría logró establecer la existencia de graves irregularidades en la estructuración de los estudios y documentos previos que sirvieron de base para el cálculo del valor del contrato, y que dieron lugar al pago de sobrecostos en varios de los ítems contratados.

Para el suministro del Internado de Tarapacá, por ejemplo, se pactó el pago de $900 pesos por unidad de huevo de gallina rojo, cuando en los supermercados de la región se consigue la unidad en $425 pesos, y hasta en menos ($350), si se tiene en cuenta que el distribuidor no compra por unidad, sino al por mayor. Los sobrecostos, en sólo huevos, fueron de más del 55%. 

En una de las Instituciones Educativas se compraron 6 mil huevos.

La panela en caja por 40 unidades, que a precios de mercado se consigue en la región en $38 mil pesos, la compró el Gobernador a la señora Cuéllar en $65.200 pesos, lo que representa un sobrecosto de por lo menos el 50%.

El kilo de zanahoria, que en los mercados del Amazonas se consigue en $4.400 pesos, se compró a $7.525, con igual sobreprecio del 50%. La avena molida por 250g., con un costo de $1.930, se pagó a $4.425 (más del 100% de sobrecosto). La pasta para sopa por 500g., con un precio de $1.460 en el mercado, se pagó a $5.050 (más del 200% de sobrecosto).

El equipo auditor recaudó la información relativa a las condiciones del mercado en los municipios de Leticia y Puerto Nariño, recolectando no sólo información proveniente de los proveedores que operan en dichas entidades territoriales, sino que obtuvo también un informe rendido por las respectivas Alcaldías, que registran específicamente los precios de mercado y los costos indirectos relacionados con los víveres a suministrar.

Es decir, los sobrecostos y el respectivo daño patrimonial, se calcularon teniendo en cuenta no sólo los valores de mercado, sino igualmente los costos indirectos propios de la labor de distribución y suministro, y aun así la Gobernación no pudo justificar los precios pagados.

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